Denuncia Pública: CONAMYPE despide a mujer embarazada

DENUNCIA PÚBLICA

CONAMYPE DESPIDE MUJER EMBARAZADA

Este día compañeras y compañeros, tenemos que levantar nuevamente nuestra VOZ DE DENUNCIA debido a la prepotencia de la patronal y al desconocimiento que demuestran sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras y de las mujeres en particular.

¿QUE ES EL FUERO MATERNAL?

Toda mujer que esté sujeta a una relación laboral, en virtud de cualquier tipo de contrato está protegida por el fuero maternal. Este genera la imposibilidad para el empleador, por un período determinado, de despedir a la trabajadora.

Esta condición se fundamenta en la Constitución de la República que en su art. 42 establece que: “La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, y a la conservación del empleo.”

En el mismo orden de ideas el art. 113 del Código de Trabajo establece que: “Desde que comienza el estado de gravidez, hasta que concluya el descanso post-natal, el despido de hecho o el despido con juicio previo, no producirán la terminación del contrato de la mujer trabajadora, excepto cuando la causa de estos haya sido anterior al embarazo; pero aún en este caso, sus efectos no tendrán lugar sino hasta inmediatamente después de concluido el descanso antes expresado”.

¿DESPIDO DE HECHO A MUJER EMBARAZADA EN CONAMYPE?

El pasado mes de Diciembre en CONAMYPE se cesó el contrato de trabajo a la compañera Claudia Lissette Avendaño Marquina, Técnica de Desarrollo Empresarial del proyecto: “Fortalecimiento del Emprededurismo Social en municipios de pobreza extrema intervenidos por el programa PATI a nivel nacional”.

Como muchos sabrán, los compañeros y compañeras de este proyecto están contratados temporalmente mientras dure la ejecución de proyecto, sin embargo es de todas y todos conocidos que en el país NO ES POSIBLE DESPEDIR, NI CESAR LOS CONTRATOS aun

estos sean temporales a las mujeres en su estado de gravidez, y esto es respetado (con excepciones) tanto en la empresa privada, como el sector público.

Sin embargo para sorpresa nuestra, dicha intervención aún no ha concluido y han sido recontratados un grupo de compañeros, pero la compañera en embarazada no ha sido contratada, dejando claro una situación de discriminación, es importante destacar que esta situación no es primera vez que sucede, y ha llegado la hora de poner fin a estas arbitrariedades y violaciones de los derechos de las Mujeres Trabajadoras.

Hemos buscado espacios para evitar hacer esta denuncia pública, sin embargo lo que hemos recibido es una total negativa al cumplimiento de la ley y la constitución.

El pasado 29 de Enero de 2016 le presentamos a la Licda. Ileana Rogel, Directora Ejecutiva de CONAMYPE, el caso y le solicitamos el Reinstalo de la Compañera Claudia Marquina, en concordancia con lo que expresa nuestro marco jurídico, por segunda ocasión le reiteramos el planteamiento el pasado 2 de Febrero del presente año, además hemos solicitado audiencia en 5 ocasiones para tratar este punto y otros más, sin resultado alguno.

Con fecha 3 de Febrero de 2016, recibimos respuesta de la Directora Ejecutiva en el siguiente sentido:

  1. QuelamodalidaddelcontratodelacompañeraeraTEMPORAL
  2. QuelacompañeranonotificóalainstituciónsuestadodeEmbarazo.
  3. Que a pesar que la Gerencia de Talento Humano giró indicaciones para que lascompañeras que estuviesen en estado de embarazo informarán la compañera no lo

    hizo
  4. Por último que los fondos PACSES/FOCAP con los cuales se financia el proyecto estánpor finalizar y por lo tanto no hay dinero para su reinstalo.

Concluye la nota que por todo lo anterior, el reinstalo NO ES PROCEDENTE. En ese sentido es importante señalar que:

Que según el art. 235 de la Constitución de la República de El Salvador, “Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”.

Que el art. 246 de la Constitución de la República de El Salvador establece que: “Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado”.

Además que el inciso final del art. 86 de la Constitución de la República establece que: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”.

En el sentido de las Compañeras Embarazadas ya expresábamos arriba que la protección a la Mujer Embarazada se encuentra en el art.- 42 de la Constitución de la República y el art. 113 del Código de Trabajo.

Que en su nota explica que el reinstalo no es procedente dado que la compañera no ha sido despedida, ya que su contrato finalizó según lo pactado el día 31 de Diciembre de 2015, sin embargo el art. 25 del Código de Trabajo establece que: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos señale plazo para su terminación”. En ese sentido la compañera ha venido siendo contratada en las mismas funciones desde el año 2013, desempeñando el mismo trabajo, así como muchos compañeros del mismo proyecto y del Programa de Paquetes Escolares, sin pagarle indemnización, vacaciones y aguinaldo.

Por otro lado en la carta aduce el desconocimiento de la condición de embarazo de la compañera, y se lo atribuye a que: “la compañera no comunicó a la institución sobre su estado”, sin embargo la compañera Avendaño presentó en el mes de diciembre incapacidad médica a su jefe inmediato: Lic. Roberto Flores y a su Coordinadora: Licda. Carmelina Villatoro, además se informó verbalmente al Gerente de Emprendimiento Lic. Francisco Javier Lima, quien además llamó verbalmente la atención a la Compañera por no haber asistido a la “Jornada de Trabajo e Integración” a lo que la compañera le respondió que había pasado consulta médica ese día y además que le habían extendido una incapacidad por cuatro días, por un accidente ocurrido ese día y que se encontraba en Estado de Embarazo, e incluso la compañera no se tomó la incapacidad, esta información la pueden corroborar sus compañeros de proyecto, por otro lado el art. 30 del Código de Trabajo establece como prohibición para el patrono en su ordinal 13°: “Exigir a las mujeres que solicitan empleo, que se sometan a exámenes previos para comprobar si se encuentran en estado de gravidez, así como exigirle la presentación de certificados médicos de dichos exámenes, como requisitos para su contratación” , si esto es así para la contratación lo mismo aplica para la continuidad, sin embargo si era de conocimiento de sus superiores y sus compañeros, y reiteramos: se presentó constancia médica de su estado.

Que en su carta además expresa que los fondos PACSES/FOCAP a través de los cuales ella fue contratada, están proyectados para finalizar en el ejercicio 2016, sin embargo fueron renovados los contratos a otros compañeros y no a la Compañera Claudia Avendaño lo que puede catalogarse como discriminación por su condición de gravidez.

Por otro lado, es de conocimiento público en la institución la apertura de Concursos Internos de plazas de Técnico(a) de Desarrollo Económico Local y Técnico(a) de Emprendimiento perfil que cumple la compañera ya que es el mismo perfil de la Plaza en la que estaba contratada Técnica de Desarrollo Empresarial.

Que en ese sentido el Código Penal establece en su art. 246 que: “El que produjere una grave discriminación en el trabajo por razón del sexo, estado de gravidez, origen, estado civil, raza, condición social o física, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores de la empresa, y no restableciere la situación de igualdad ante la ley, después de los requerimientos o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hubieren derivado, será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.

Que el convenio 156 de la OIT, Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, en relación a los art. 86 inciso final, 144, 235 y 246 de la Constitución de la Republica, establece una serie de condiciones y facilidades que debe tener los empleadores y el Estado para con los Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Que esta acción podría ser catalogada como Violencia Económica, Psicológica y Emocional, Patrimonial establecida en art. 9 de la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres.

Consideramos que nuestra Directora Ejecutiva está siendo mal asesorada en este aspecto, por lo tanto le instamos a que haga las consultas pertinentes, para evitar agravar la situación. Nuestra Directora Ejecutiva en la actividad de integración a finales del 2015 menciono que es de humanos equivocarse; como trabajadores creemos que además, es de grandes personas el reconocer el error y enmendar.

Por lo tanto, pedimos:

  •   QUE NOS CONCEDA LA AUDIENCIA SOLICITADA PARA BUSCAR UNA SALIDA A ESTA SITUACIÓN
  •   QUE REALICE REINSTALO INMEDIATO Y PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS A LA COMPAÑERA CLAUDIA MARQUINA.
  •   QUE CUMPLA LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA CON RESPECTO A LAS MUJERES EMBARAZADAS.

    En caso que no se resuelva esta situación que pone en riesgo a nuestra compañera, nos reservamos el derecho de hacer uso de todas las instancias políticas, diplomáticas y jurídicas que sean necesarias para sentar un precedente de respeto a los derechos laborales.

    HACIA LA IGUALDAD DE TODAS Y TODOS

    SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONAMYPE

    San Salvador, 10 de Febrero de 2016

Conflicto Franco Samayoa

Resumen del Caso Franco – Samayoa

A partir de la denuncia interpuesta por la compañera Esmeralda Franco, se inició por parte del Sindicato la exigencia de sanción al caso a las autoridades de la CONAMYPE, y en virtud de la reiteración del maltrato se sometió a Asamblea la determinación del camino a seguir. La máxima autoridad pidió que se solicitara la destitución de la Señora de Samayoa.

En ese marco contextual se interpuso a Dirección Ejecutiva una nota donde se solicitó lo acordado por la Asamblea y es hasta que se llevo dicha exigencia a la Direccion Ejecutiva que la Unidad Legal llevo a cabo proceso de investigación para determinar  el maltrato Laboral acontecido el dia veintiseis de febrero de dos mil quince.

Es importante destacar que dicho proceso fue ad hoc puesto que nunca antes en la Institución se habia realizado siquiera un intento de sanción contra una jefatura, puesto que el Reglamento Interno actual vulnera el derecho de defensa y presunción de inocencia, violación de la que adolecen todos los procesos pretéritos. Esta es la primera vez que se realiza una investigación para interponer una sanción a un empleado de CONAMYPE, por tanto marca un precedente que debe seguirse no solo en proceso sancionatorio de una Jefatura, debe ser el proceso a seguir siempre con cualquier persona trabajadora de CONAMYPE.

En las entrevistas de dicho proceso se declaró de forma reiterada que ha existido discriminación de parte de la señora de Samayoa en contra de Esmeralda e incluso se menciona maltrato al resto de las personas trabajadoras que tiene a su cargo. A pesar de estas declaraciones no hubo ningún pronunciamiento más que señalar que la sanción es desproporcionada, pero queda evidenciado que las personas trabajadoras señalaron maltrato y no se tomó en cuenta esta información.

Además se denunció ante el MITRAB lo anterior, pero la cartera de estado se limitó a hacer recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Finalmente señalamos que como Sindicato hemos seguido un proceso sancionatorio interno y la se activó la Comisión de Honor y Justicia y con fecha veintidós de junio se notificó a la señora Samayoa que dicha comisión iniciaba en su contra por violación al Régimen Disciplinario de los estatutos de SITCO  que en su artículo 58  literal (F) las causales de destitución: difamar, agredir o irrespetar  a los miembros del Sindicato. El día veintitrés de junio, la señora Samayoa presentó renuncia a este Sindicato y dio por terminado el proceso de sancion interna.

Adjuntamos copias de la renuncia que nuestra compañera Esmeralda presentó a la Direccion Ejecutiva, desafiando el proteccionismo a las jefaturas y la falta de apoyo y proteccion de las personas trabajadoras. Asimismo adjuntamos la resolucion emitida por la Unidad Legal de la CONAMYPE, la carta de inicio de proceso de la Comision de Honor y Justicia, y finalmente, la renuncia por parte de la Sra. de Samayoa al SITCO.

franco - samayoa

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